Tomás Gálvez: nuevo fiscal de la Nación interino tras suspensión de Delia Espinoza

El 22 de septiembre de 2025, la Junta de Fiscales Supremos designó a Tomás Aladino Gálvez como fiscal de la Nación interino ante la suspensión temporal de Delia Espinoza, quien tenía a su cargo el cargo más alto en el Ministerio Público. La decisión se produjo para garantizar la continuidad en la conducción de esta institución clave en la justicia peruana durante el proceso de suspensión de Espinoza[1][2]. Tomás Gálvez es un fiscal con una trayectoria controvertida. Previamente estuvo vinculado al caso conocido como "Los Cuellos Blancos del Puerto", una red de corrupción dentro del sistema judicial peruano. Su perfil incluye investigaciones por presuntos actos ilegales, aunque en distintos momentos ha continuado desempeñando cargos fiscales[2]. Su designación causó opiniones encontradas dentro del ámbito judicial y político por los antecedentes que posee. Sin embargo, la Junta de Fiscales Supremos resaltó la necesidad de mantener la estabilidad institucional mientras se resuelven las situaciones legales de Espinoza, quien fue suspendida tras investigaciones internas y procesos disciplinarios[1]. En cuanto a diferencias con el documento anterior, esta designación es temporal –una medida interina– para evitar una vacancia o crisis institucional en el Ministerio Público. El nombramiento de Gálvez se caracteriza por no ser un reemplazo permanente y depende de la resolución definitiva sobre la situación de Espinoza[1][2]. No hay información pública sobre modificaciones en regímenes de precios, vigencia o promociones vinculadas a este nombramiento, ya que se trata de un cargo público no comercial. La obligatoriedad del cumplimiento de las funciones del fiscal de la Nación es inherente a su cargo y no cambia con esta designación interina. En resumen, Tomás Gálvez asume provisoriamente la fiscalía de la Nación en un contexto donde el Ministerio Público enfrenta desafíos institucionales y cuestionamientos internos. Su experiencia y antecedentes generan un escenario complejo para la transparencia judicial en el Perú a corto plazo[1][2].