PNP retira seguridad a Delia Espinoza tras suspensión como Fiscal de la Nación

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha decidido retirar el servicio de seguridad asignado a la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, tras su suspensión temporal en sus funciones como titular del Ministerio Público. La medida se da en el marco de la suspensión dictada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que retira temporalmente sus competencias como fiscal principal del país. Según fuentes oficiales, el retiro del servicio de seguridad es una consecuencia directa de la suspensión, ya que el resguardo policial está asociado al ejercicio activo de funciones en altos cargos públicos y representa una medida excepcional con criterios definidos en la normativa vigente. La PNP actúa conforme a estos criterios para asignar protección personal, la cual se mantiene mientras la autoridad está en función activa.[1] El abogado de Delia Espinoza ha manifestado que esta decisión pone en riesgo la integridad y vida de su defendida, responsabilizando directamente al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional por cualquier atentado que pudiera ocurrirle. El defensor expresó preocupación por la falta de protección en un contexto de amenazas y adversidades que enfrenta la exfiscal.[2] Sobre las diferencias en relación con documentos anteriores, la suspensión por parte de la JNJ implica la pérdida temporal de funciones y, por ende, la eliminación de los beneficios asociados, incluyendo el resguardo policial. Antes de la suspensión, la exfiscal contaba con seguridad 24/7 debido a la relevancia de su cargo y al contexto de riesgos inherentes a su función. Con la suspensión, este servicio deja de estar vigente, en línea con la normativa que regula la asignación de protección personal en el sector público. No se reportan promociones ni precios relacionados, dado que el servicio es un beneficio institucional asignado según criterios de riesgo, sin costo directo para el titular. La obligatoriedad de la protección personal recae en la función pública activa y en la valoración del riesgo específica por la PNP. En síntesis, el retiro del servicio de seguridad a Delia Espinoza responde a la suspensión administrativa aplicada por la JNJ, que suspende sus funciones como fiscal de la Nación y, por ende, el acceso a beneficios como el resguardo policial. Su defensa ha dejado en claro su preocupación por su seguridad dada la situación actual, exigiendo acciones preventivas por parte de las autoridades competentes.[1][2]