Marchas contra Dina Boluarte y Congreso: periodista herido por perdigones en represión policial

El 21 de septiembre de 2025, diversas manifestaciones se realizaron en el centro de Lima contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República, convocadas principalmente por jóvenes y colectivos sociales. Estas protestas buscan expresar el descontento con las autoridades y exigir cambios políticos. Durante estas movilizaciones, que forman parte de una jornada extensa de protestas conocida como "Marcha de la Generación Z", se reportaron enfrentamientos entre manifestantes y la policía. En particular, un periodista que cubría los acontecimientos fue atacado con perdigones en medio del accionar represivo policial, situación que generó preocupación y llamados a proteger el trabajo de la prensa durante las manifestaciones públicas [1][2]. Las protestas se caracterizaron por la gran presencia juvenil y la diversidad de grupos que se unieron para exigir la renuncia de Dina Boluarte y la disolución del Congreso. En algunos puntos del recorrido se registraron incidentes que motivaron la intervención policial y el uso de medios disuasivos para controlar las marchas, lo que provocó enfrentamientos y algunos heridos entre los manifestantes y reporteros presentes [2]. Estas manifestaciones forman parte de un contexto social y político tenso en el Perú, marcado por una serie de protestas continuas durante el año 2025. La convocatoria a las marchas es representativa de la creciente movilización ciudadana en rechazo a las decisiones del Ejecutivo y Legislativo, al tiempo que evidencia la preocupación por las medidas de seguridad implementadas durante las protestas. Actualmente, no se reportan modificaciones en el marco normativo respecto a la regulación del uso de la fuerza policial durante manifestaciones ni cambios en promociones o precios vinculados a este contexto, ya que no aplican a esta temática. Tampoco existen documentos anteriores recientes que comparen estos hechos específicos, por lo que las acciones y resultados de esta jornada deben entenderse en el marco actual sin comparativas previas. Las autoridades convocadas y representantes de la sociedad civil han solicitado el respeto a los derechos humanos y la garantía de seguridad para todos los participantes, incluyendo a periodistas que cumplen con su labor en terrenos de conflicto o protesta. La cobertura mediática de estos sucesos ha sido amplia, lo cual contribuye a visibilizar las dimensiones sociales y políticas del momento peruano [1][2].