Nueva ley APP reduciría a la mitad plazos en fase clave para aprobar proyectos, ¿Perú será más atractivo?

La nueva Ley de Asociaciones Público Privadas (APP) propuesta en Perú busca agilizar el proceso de aprobación de proyectos estratégicos, especialmente en la denominada fase de estructuración. Un análisis del Consejo Privado de la Competitividad (CPC) indica que la medida reduciría a la mitad los tiempos actuales, con lo que se espera atraer más inversiones y aumentar la competitividad del país en el mercado internacional[1]. Este proceso es clave porque en esta etapa se realizan los estudios y análisis que deben ser validados para que un proyecto APP continúe hacia su ejecución. Según la propuesta, se implementarán plazos máximos y mecanismos que eviten que organismos como la Contraloría, superintendencias o reguladores amplíen los plazos de manera administrativa sin justificación técnica o legal. Esto representa una diferencia sustancial respecto a la ley vigente, donde no existían límites estrictos, lo que generaba sobrecostos y retrasos que desincentivaban a potenciales inversionistas. Sobre costos y vigencia, la reforma no plantea cambios directos en términos de precios o financiamiento de los proyectos, pero sí puede inducir un ahorro significativo en costos indirectos por reducciones en los tiempos de espera. Esto podría hacer más competitivas las APP peruanas frente a otras economías de la región que tienen procesos más ágiles. En cuanto a la obligatoriedad, la ley en discusión estableció la aplicación obligatoria de los nuevos plazos para todos los proyectos APP bajo la supervisión del Estado, con lo que se busca uniformidad y predictibilidad. La ley también incorpora una supervisión reforzada para que los entes reguladores se mantengan dentro de sus ámbitos de competencia, evitando dilaciones injustificadas. Esta medida responde a reclamos reiterados por parte del sector privado sobre excesos o interpretaciones amplias que provocaban demoras innecesarias. Así, se fortalece la seguridad jurídica y la confianza en el marco regulatorio. En paralelo, se plantean reformas en el área de aduanas para facilitar el comercio exterior, como la simplificación del despacho anticipado y una revisión de multas y sanciones que afectan a los operadores de comercio. Estas modificaciones buscan reducir costos y tiempos logísticos, beneficiando también a proyectos APP ligados a infraestructura de transporte y comercio[2][3]. En síntesis, la reforma a la Ley APP buscará hacer más atractivo el Perú para inversiones públicas privadas al acortar plazos, limitar injerencias administrativas burocráticas y garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos. En combinación con cambios en la aduana, el país podría mejorar su posición competitiva regional en los próximos años, aunque su éxito dependerá de la implementación efectiva y del acompañamiento de políticas complementarias.