Remueven equipo técnico de ProInversión a puertas de la nueva ley APP en Perú

En los últimos días, la dirección ejecutiva recién nombrada de ProInversión, Tabata Vivanco, ha decidido remover a al menos seis funcionarios de carrera que formaban parte del equipo técnico de la agencia, quienes tenían presencia desde la gestión de José Salardi. Esta reestructuración se da en un contexto clave para la institución, pues Perú está a puertas de aprobar una nueva ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) que busca dinamizar y mejorar los procesos para la aprobación de proyectos de inversión pública-privada [1][3]. La nueva ley APP pretende reducir a la mitad los plazos en la etapa crucial de aprobación de proyectos. Un análisis del Consejo Privado de la Competitividad (CPC) detalló que el proyecto legislativo restringirá la intervención de la Contraloría y de organismos reguladores, de modo que no puedan exceder su campo de acción ni dilatar los procesos. Esto implica que los trámites serán más ágiles y que los proyectos podrían desarrollarse con mayor rapidez y mayor certeza jurídica para los inversionistas [2]. Respecto a la vigencia y obligatoriedad, la ley aún está en proceso de aprobación final, pero una vez promulgada se aplicará a todos los nuevos proyectos bajo el esquema APP. Esta reforma sustituiría y mejoraría el marco legal vigente, simplificando los procedimientos y acortando los tiempos para la ejecución de proyectos públicos con financiamiento privado, sin modificar las tarifas o costos aplicables a estas iniciativas. Las diferencias principales frente a la legislación anterior están en la reducción significativa de los plazos para las etapas de aprobación y en la limitación del alcance de las entidades supervisores para evitar retrasos injustificados. Esto apunta a mejorar la competitividad del Perú como destino para inversión privada en infraestructuras y servicios públicos bajo contratos APP. En consecuencia, la renovación en el equipo técnico de ProInversión parece orientada a alinear la gestión institucional con las nuevas exigencias y responsabilidades que traerá esta ley, buscando una ejecución más eficiente y eficaz de los proyectos públicos-privados. Esta coyuntura señala un cambio organizacional que acompañará las reformas y las expectativas de dinamizar el sector privado en la infraestructura peruana. En resumen, la salida de funcionarios históricos y la introducción de la nueva ley APP reflejan una etapa de transición en ProInversión y en el marco regulatorio de inversiones estratégicas en Perú, con miras a una mayor agilidad y seguridad jurídica para los proyectos bajo este esquema [1][2].